| Sumario: | En México, las reformas constitucionales y legislativas en el ámbito penal han introducido importantes cambios en torno a la prisión preventiva, particularmente en lo que respecta a sus condiciones y justificación, a fin de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas, como la presunción de inocencia. La reforma más relevante en este sentido se llevó a cabo en 2008, cuando se adoptó un nuevo sistema de justicia penal acusatorio, el cual estableció una serie de garantías procesales, destacando la presunción de inocencia como un principio fundamental.Con la implementación de este nuevo sistema, la prisión preventiva dejó de ser considerada una medida punitiva automática y pasó a ser vista como una excepción. Es decir, se exige que la autoridad judicial justifique de manera precisa y adecuada su imposición, con base en razones objetivas y proporcionales. Esto significa que la prisión preventiva no puede ser impuesta de manera arbitraria, ni como una medida anticipada de condena, ya que el imputado debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario.
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