| Summary: | Cuando las políticas públicas de la actividad física para la salud son insuficientes, los individuos con cierto poder adquisitivo buscan la asistencia de gimnasios comerciales. Como
tal, la salud está consagrada en la Constitución Mexicana y cuenta con su ley. En estos documentos, incluyendo los del deporte, se plasman intenciones para el fomento de la salud
de la población. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la promoción de la salud constituye un proceso político y social global, abarcando acciones dirigidas a
fortalecer habilidades y capacidades de los individuos, y a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas para mitigar su impacto en la salud pública e individual. Los
gimnasios representan una verdadera industria. La “International Health, Racquet & Sportsclub Association” (IHRSA), de EE.UU., reportó en 2017 ganancias de 87.2 billones
de dólares y en el mundo, según Hontangas (2017), esta actividad generó el 1% del PIB mundial. Y señala que en México existían 12,376 clubes miembros con 4.1 millones de usuarios; así, el país fue tercer lugar en esos rubros dentro de ese organismo. Sin embargo,como empresas comercialmente establecidas, se observa que los gimnasios carecen de
prácticas de responsabilidad social para sus usuarios y la población de su entorno. El presente trabajo es una investigación documental que dará forma a un estudio sobre este tema, ya que muchos gimnasios dejan de lado o limitan los programas de actividad física para obesos, hipertensos, diabéticos y otros tipos de población vulnerable, e incurren en un sinfín de prácticas indebidas que impactan en la correcta progresión física de la persona, y en su bolsillo.
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