| Sumario: | En la actualidad, Colombia está dando pasos orientados a poner fin a casi seis décadas de conflicto armado que han dejado millones de víctimas de numerosas violaciones de Derechos Humanos y desacatos al Derecho Internacional Humanitario. En especial, se observa el largo camino por el cual ha transcurrido el proceso de los diálogos de la paz en la Habana (Cuba), el cual ha tenido un inmenso respaldo por las naciones del mundo y, mayoritariamente, por la Organización de Naciones Unidas (en adelante ONU), queriendo con ello dejar de lado la antigua cultura de la confrontación con la cual se buscaba acabar con el conflicto armado de manera hostil y desproporcionada (Lozano, 2012). En ese estado de cosas, se observa la apuesta hacia una cultura de paz que sea idónea para permitir una renovación de pensamiento de la comunidad colombiana para el posconflicto, de manera que se hace necesario contar urgentemente con una política social para tal efecto. Pero ello no es una tarea fácil, debido a que aún persisten en las sociedades actuales la estructura y el ideario de la cultura de la confrontación que tuvo parte en el siglo XX y que se caracterizó, entre muchos rasgos, por traer consigo las guerras políticamente legitimadas que quedaron en la memoria de la humanidad y que cobraron millones de víctimas extendido por el planeta. (Larrañaga, 2006).
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