La suspensión del acto reclamado en clave de acceso a la justicia. - Pérez Jaramillo, Daniela Carolina (2017)
Cada vez es más frecuente escuchar que dentro de las preocupaciones actuales de los operadores jurídicos aparecen temas como las dificultades materiales y técnicas para poder instaurar y proseguir un juicio, la lentitud con que se substancian éstos y lo casi imposible que resulta ejecutar una sentencia, una vez que al fin pudo dictarse. Por otro lado, otro grupo de operadores jurídicos, los que están dentro de los aparatos jurisdiccionales, conversan sobre las excesivas cargas de trabajo, sobre la gran cantidad de asuntos que no alcanzan sentencia de fondo debido a que no logran rebasar la frontera de la improcedencia, o sobre el terreno que cada vez más van conquistando figuras como la suplencia de la queja, el principio pro actione, principio pro persona, entre otras. Aunque pareciera que estos operadores jurídicos hablen de temas diversos, lo cierto es que todos ellos hablan de uno solo: el del derecho efectivo de acceso a la justicia. Es cierto que problemas como los citados no corresponden exclusivamente al ámbito jurisdiccional, pues algunos de ellos se perfilan más al ámbito administrativo (por ejemplo, el escaso número de tribunales con la consecuente sobresaturación de los mismos, o bien que los inmuebles no resulten de fácil acceso para las personas tanto por su lejanía de las zonas conurbadas como por el hecho de no estar preparados para recibir personas con discapacidad); empero, esta división no impide que debamos analizar si los Tribunales son conscientes de tales problemas y, de ser el caso, han previsto alguna manera de socavarlos de alguna manera (por ejemplo, ampliando los plazos legales para determinadas personas, eximiendo de meros formalismos para otras, etcétera).