El auto de vinculación a proceso, incompatible con los principios rectores del nuevo modelo de justicia penal en México. - García Guerra, Ángel Mario (2017)
El nuevo sistema penal acusatorio y oral que existe en el estado de Nuevo León, y recientemente en toda la República Mexicana es, sin duda, uno de los retos más importantes a los que se ha enfrentado el derecho penal en las últimas décadas, en cuanto a implementación y capacitación se refiere, pues se crean instituciones y herramientas totalmente distintas a las previamente conocidas en el sistema tradicional aún vigente en ciertos procesos, es por ello que resulta de suma relevancia distinguir entre unas y otras que en algún momento pudieran asemejarse, sobre todo sus alcances, tal y como sucede con el auto de vinculación a proceso, que es una figura completamente distinta al conocido auto de formal prisión (procedimiento tradicional) y con efectos sumamente diversos. Al analizar cada una de las nuevas etapas procesales podemos advertir su relación positiva o negativa frente al sistema garantista acusatorio que se ha implementado, ahora sí, de manera total en el año 2016, según la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, pues el segundo artículo transitorio señala que: El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto1 . En ese sentido habrán figuras en el nuevo sistema que se ajusten a un modelo preponderantemente acusatorio (pues evidentemente ningún sistema de enjuiciamiento en el mundo resultará completamente puro), sin embargo, existirán otras que no solamente se encontrarán apartadas del nuevo paradigma, sino que se opondrán al mismo y, aunque estamos viviendo la etapa en que la reforma debe estar implementada en su totalidad, surge la necesidad de ajustar reglas procesales con el fin de que sean adecuadas al modelo, con el fin de que faciliten o procuren su correcto desarrollo.