| Sumario: | Como resultado de diversos debates que se han gestado en el mundo jurídico y que han derrumbado paradigmas1 en el ámbito del derecho, la ley deja de ser la norma suprema del ordenamiento jurídico. “La ley, un tiempo medida exclusiva de todas las cosas en el campo del derecho, cede paso a la Constituciónέ Es destronada a favor de una instancia más alta” (Zagreblesky, 1995, pág. 40); en términos de Jaime Cárdenas (2006) “El Estado de derecho ya no es el “imperio de la ley” sino el “imperio del derecho”, esto es, de la Constitución, de los principios y de la labor de intérpretes y argumentadores” (pág. 41); por lo que la Constitución se convierte en un documento normativo que no solamente contiene reglas jurídicas, sino principios y valores que son necesario proteger mediante mecanismos de control jurídico2 . Por lo que el Estado constitucional se vuelve esencialmente un Estado judicial, derivando el rol protagónico del «Poder Judicial», ya que no solo se limita a cumplir con las funciones tradicionalmente encomendadas de resolver conflictos jurídicos entre las partes, sino que además se configura como un contrapoder, al respecto Ferrajoli (2006) afirma: “…tiene encomendado el control de la legalidad, es decir, de validez de los actos legislativos tanto como el de los administrativos, y la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a las lecciones que pudieran provenir del Estado” (pág. 580). El Poder Judicial actúa como órgano de control de legalidad de los actos de autoridad y a la vez de la constitucionalidad, al proteger los derechos fundamentales de los individuos por medio de la interpretación constitucional; de ahí que no se puede negar el inusitado papel protagónico que en los últimos tiempos ha desarrollado el Poder
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